1. La invisibilización de la población Afro-LGBT, la cual también permite la impunidad en las violaciones a los derechos humanos de dicha población, es una realidad en nuestra región. La discriminación histórica, estructural y sistemática a la cual han sido sometidos los cuerpos negros todavía no se reconoce en muchos Estados en la región. Latinoamérica también tiene el legado de la esclavitud y leyes que histó- ricamente excluyeron a los afrodescendientes de la sociedad y los criminalizaron por el color de su piel. Igualmente, la creación de sistemas que ven al afrodescen- diente como “el otro” contribuyeron a crear una sociedad en la cual ser blanco es moralmente superior.
2. A esto se añade el estigma que tiene el ser “diferente” y LGBT en la región. Ser LGBT se criminalizó en la región y se desarrollaron ideas que han patologizado lo que es ser diverso. Además, el ser Afro y LGBT le añade un componente de discriminación agravada a esta población. Esto se da en el marco de las tensiones y exclusiones históricas de los movimientos LGBT y afrodescendientes2; deviene de la experien- cia de estar entre dos mundos que no dialogan y que no tienen sensibilidad frente a los problemas de “cada lado”. Esto da paso, incluso, a expresiones de racismo en los espacios LGBT y de discriminación por prejuicio sexual y de género en los espacios del movimiento afrodescendiente.
3. Muchos de los Estados de la región tampoco cuentan con datos desagregados so- bre la población LGBT y, mucho menos, sobre la población Afro-LGBT. Esto presen- ta una brecha en la cual no se crean políticas públicas, porque no se tiene data ni se comprende cómo la discriminación y la violencia afecta a esta población. Lo an- terior es un vacío que es importante que los Estados subsanen para poder comen- zar a abordar las políticas públicas con un enfoque interseccional y que, asimismo, tenga en cuenta todas las violaciones de derechos humanos contra esta población.

El Relator enfatizó que los valores tradicionales y la religión son usados como justificación para perpetrar estos crímenes y que los Estados tienen la obligación de prohibir dichas prácticas en sus leyes y asegurar que esos crímenes no queden en la impunidad”.